Los ayuntamientos de Ingenio (90,2%), Las Palmas de Gran Canaria(88,89%) y La Laguna (60,78%) son los únicos de los 88 de Canarias -al menos, los de más de 15.000 habitantes- que superan el 50% en el cumplimiento de los indicadores de transparencia de la plataforma colaborativa Dyntra. Los dos primeros ocupan los puestos cuarto (138 de 153) y sexto (136), respectivamente, en una clasificación de 391 municipios de España. Esta tabla incluye a 32 corporaciones del Archipiélago

Tras La Laguna (93), situada en el 42º, figura Santa Cruz de Tenerife, en el 74º, con 74 de los 153 parámetros de transparencia (48,37%). A mayor distancia aún, en el 95º, Los Realejos llega al 41,83% (64 de 153). Cerca de este, Telde (109º) está en el 39,22% (60 de 153 indicadores). Con el 30,72% (47 de 153) figuran Teguise y Candelaria. Gáldar (42 de 153) registra el 27,45%. Los Llanos de Aridane y El Rosario aplican 33 de los 153 (21,57%); La Orotava y Güímar, 31 (20,26%); Arucas, 28 (18,3%); Santa Lucía de Tirajana y Pájara, 25 (16,34%); Puerto del Rosario y Puerto de la Cruz, 23 de 153 (15,03%); Tacoronte y Adeje, 22 (14,38%); Tías, 21 (13,73%); Yaiza, 20 (13,07%); Santa Cruz de La Palma y Santa Brígida, 19 (12,42%); Agüimes, 19 (12,42%); Mogán y La Oliva, 18 de 153 (11,76%); Guía de Isora, 18 (11,76%); Icod de los Vinos, 14 (9,15%), y Granadilla de Abona, 13 de 153 (8,5%).

A la cabeza, Vitoria y Bilbao empatan a 143 (el 93,46%). Por el contrario, Tarancón (Cuenca) y Guadix (Granada) no se han movido: 0 de 153, según los criterios de Dyntra.

Como se ve, 19 ayuntamientos canarios ni siquiera llegan al 20% de efectividad en el acceso a la información pública. En abril, la oficina del Comisionado informó de que 12 consistorios “no son transparentes ni sobre su propio grado de transparencia”. Los de Granadilla de Abona, La Oliva, Pájara, Santa Brígida, El Paso, Garafía, Puntagorda, Puntallana, Los Silos, Tazacorte, Tijarafe y La Victoria no atendieron al requerimiento de Daniel Cerdán.

“El número de respuestas mejoró respecto al año anterior”, reconoció por aquellas fechas. Entonces dejaron de contestar por diversas circunstancias 58 ayuntamientos (el 63%), frente al 13,6% de la nueva convocatoria. El plazo para cumplimentar el modelo del test de evaluación de las obligaciones mandatadas por la Ley de Transparencia de Canarias, activa desde enero de 2015, se prorrogó tres veces.

Entre las entidades sujetas a tales disposiciones, los cabildos y los ayuntamientos deberán “elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, la información relacionada con el funcionamiento y control de las actuación pública”. Asimismo, “difundirán un inventario de la información pública que obre en su poder, de manera clara, estructurada y entendible para los interesados”.

La ley insta a emitir anualmente un informe sobre el grado de aplicación en los distintos ámbitos competenciales. Ese caudal de datos será canalizado por el Comisionado de Transparencia y acceso a la Información Pública, que hará llegar periódicamente al Parlamento, además de procesar las reclamaciones.