El cumplimiento con los criterios de transparencia en las Cortes Valencianas se encuentra por debajo de la media española en comparación con el resto de parlamentos autonómicos. El último informe de Transparencia Internacional la situaba como la séptima Cámara más opaca de las 19 analizadas (las de todas las comunidades, más Congreso y Senado). En el caso de la plataforma independiente Dyntra, la ubica en el puesto noveno de mayor incumplimiento.

La evaluación que realiza esta entidad refleja que cuentan con un índice global del 60,29% en transparencia al haber publicado 82 de los 136 indicadores requeridos. Sin embargo, hay apartados en los que no llegan al aprobado, como el de la participación y colaboración ciudadana (45,45%) y el económico-financiero (46,67%), donde se incluye la información contable y presupuestaria del parlamento.

La transparencia institucional tiene un grado de cumplimiento del 59,38%. La información sobre normas e instituciones sólo se publica en un 25% y la planificación y organización de la Cámara en un 42,86%. En funcionamiento y patrimonio de las Cortes se cumple en mayor medida (un 80%), pero se vuelve a bajar al 66,67% en la información sobre los cargos electos y el personal.

En este epígrafe se incluye precisamente el de los gastos de los diputados, una cuestión cuyo debate se ha retomado estas últimas semanas en el Parlamento valenciano y su presidente, Enric Morera, se muestra partidario de un cambio en el sistema de fiscalización (al que él sí se encuentra sometido) para todos los grupos políticos.

En la última comisión de régimen interior celebrada este miércoles no fueron capaces de alcanzar un acuerdo cuando Morera planteó que presentaran sus gastos pormenorizados voluntariamente. Según fuentes parlamentarias, el PP y el PSPV recordaron que sus partidos presentan las cuentas a la sede nacional y ésta al Tribunal de Cuentas. Desde Ciudadanos se pronunciaron en la misma línea e indicaron que harían «lo que establece la ley». Desde Podemos comentaron que no tenían inconveniente en hacerlos públicos y desde Compromís -la coalición a la que pertenece Morera- no hubo pronunciamiento.

El presidente de las Cortes, que tiene que firmar la liquidación del presupuesto de 2016, hará por lo tanto un reparo a las cuentas en el que conste que no se responsabiliza de lo que ocurre con los 3,5 millones de euros que reciben los partidos en función de su representatividad. La causa, explican, es que aunque los grupos presentan un balance que en principio es legal, existe una advertencia desde los servicios jurídicos de la Cámara de que el uso de ese dinero no se ha fiscalizado y es responsabilidad del presidente si lo firma, por lo que «él no puede darlo por bueno».

Desde la Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz indican a este periódico que al existir separación de poderes no pueden interferir en el legislativo, aunque destacan que se ponen a disposición para lo que necesiten.