La Plataforma Dyntra ha dado a conocer la Evaluación Dinámica que mide la Transparencia Pública de los Parlamentos de España. Las Cortes de Aragón se consolidan en ella como una de las instituciones suficientemente cumplidoras. Aunque se queda en novena posición, de las 19 posibles, obtiene 82 de los 136 indicadores analizados, lo que supone casi un 60,3%. La aragonesa empata con el Parlamento de La Rioja, la Junta General del Principado de Asturias y las Cortes Valencianas.

Tan solo dos instituciones parlamentarias superan el umbral de los cien indicadores aprobados. Son la Asamblea de Madrid y el Parlamento de Cantabria, que consiguen un 77,9% y un 77,2% respectivamente. Les siguen Asamblea de Extremadura (69,85%), Parlament de Catalunya (68.38%), Parlamento de Galicia (66.18%), Parlamento de Canarias (64,71%), Cortes de Castilla-La Mancha (64,71%) y el Senado (63.91%).

Por debajo de Aragón se encuentran la Asamblea de la Región de Murcia, el Parlamento Vasco, el Congreso de los Diputados, Cortes de Castilla y León y el Parlamento de las Islas Baleares. Todos ellos superan el 50% de los indicadores, mientras que tan solo se encuentran por debajo de este porcentaje el Parlamento de Navarra y el de Andalucía.

Los indicadores de transparencia analizados están divididos en cinco categorías: Transparencia Institucional, Acceso a la Información Pública y Publicidad Activa, Participación y Colaboración Ciudadana, Transparencia Económico-Financiera y Contratación de Servicios.

Debilidades de las Cortes

Entre los indicadores de transparencia que no cumple las Cortes, según Dyntra, destaca la falta de información respeto a la nómina de los diputados, la asistencia a sesiones plenarias y comisiones o de los viajes realizados por los diputados en relación a sus funciones. Tampoco el currículum vitae, declaración de la renta, nóminas o declaración patrimonial de los cargos de libre designación.

Alerta de que no se publican los acuerdos de la Mesa de las Cortes, ni sobre el resultado de las votaciones –más allá del diario de sesiones-. Tampoco se publican periódicamente datos sobre calidad y evaluación de los servicios del Parlamento, ni permite la realización de encuestas de opinión online a los ciudadanos.

En materia económica, resalta que no existe una oficina presupuestaria ni se publican los informes de auditoría interna. Tampoco la memoria del presupuesto, el estado de consolidación el informe económico financiero, el de estabilidad presupuestaria y las bases de ejecución presupuestaria.

Por último, en cuanto a la contratación de bienes y servicios, destaca negativamente que no se publican las actas de las mesas de contratación, o posee una guía o manual del usuario para las entidades contratantes.

Las Cortes, susceptibles de mejorar el año próximo 

La aparición de este informe, en diciembre de 2017, ha coincidido en el tiempo con la puesta en marcha de nuevas medidas de transparencia en la web de la institución aragonesa. Por ello, lo más probable es que no hayan quedado reflejadas en el informe de este año, pero sí lo hagan el que viene.

Estos recientes cambios son fruto de los cambios introducidos con la aprobación del nuevo reglamento de la Cámara legislativa aragonesa. El más visible es la creación de una gran pestaña, en la parte superior derecha de la página web de las Cortes que da acceso a los nuevos procesos participativos incorporados al sistema legislativo aragonés para favorecer la participación de los ciudadanos en ellos.

Cámara de Cuentas

Doce comunidades autónomas poseen órganos de control de las cuentas públicas. Anualmente auditan las entradas y salidas de dinero público en centenares de organismos que manejan, literalmente, el dinero de los españoles. Con ello, además de detectar posibles prácticas fraudulentas, controlan que todos los movimientos contables queden reflejados como marca la normativa. Es decir, de forma transparente y clara.

En este ranking, la Cámara de Cuentas de Aragón ocupa el séptimo puesto, empatado con el órgano catalán, con un 37,6% de cumplimiento, obteniendo 29 de los 77 indicadores analizados. No aprueba, pero tampoco lo consigue la mayoría. Los dos únicos órganos que superan el 50% son Canarias y Andalucía, y ninguno de los dos llega a alcanzar el 55%.

Por encima de Aragón y Cataluña, aunque apenas a un indicador de diferencia, se encuentra el Tribunal de Cuentas estatal, algo que sorprende siendo que fue creada muchos años antes que los anteriores. Es más, está reconocida dentro de la Constitución Española de 1978.

Justicia de Aragón, casi a media tabla

Por su parte, la institución del Justicia de Aragón se queda en el sexto puesto del ranking de este tipo de instituciones. En total son 9 autonómicas más la estatal. La aragonesa consigue 30 de los 74 indicadores analizados –un 40,54%-. La única que supera la mitad de ellos es el Valedor do Pobo Galego -49 de 74-, y lo hace con holgura, un 66.22%.

Rozando el aprobado se encuentra el Defensor del Pueblo Andaluz, con un 48,6% de los indicadores analizados. Más cerca de la aragonesa e encuentran Síndic de Greuges de Catalunya y Diputado del Común de Canarias, reuniendo ambos 32 indicadores, y el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, con un 41,8%.

También en esta ocasión el Defensor del Pueblo estatal mantiene una baja posición en la tabla, el séptimo, cumpliendo un indicador menos que el Justicia de Aragón. Por debajo de este solo se encuentran el Defensor del Pueblo de Navarra, el Ararteko del País Vasco, con la misma posición ambos (36,49%), y el Procurador del Común de Castilla y León con casi diez puntos menos que sus predecesores (27,03%).